Lima. 31 oct 2000. Los peruanos siguieron, ayer, con asombro la
sublevación de 49 soldados dirigidos por un teniente coronel que calificó
de ilegítimo al Gobierno de Alberto Fujimori y al Alto Mando militar.
El Ejército determinó el hecho de 'grave situación de indisciplina' y
dispuso medidas para conjurar el movimiento iniciado por el oficial
Ollanta Humala.
El día anterior se produjo el relevo del Alto Mando de las Fuerzas
Armadas en un golpe de autoridad de Fujimori ante pedidos para que se
deshiciera de oficiales vinculados al ex asesor de inteligencia Vladimiro
Montesinos.
El dirigente opositor Alejandro Toledo declaró que comprendía las razones
de los insurrectos, porque buscaban 'reivindicar el prestigio y
credibilidad de las Fuerzas Armadas' y abogó porque no hubiera un
derramamiento de sangre.
Hubo cierta complacencia, de medios de oposición al Gobierno de Alberto
Fujimori, por la insubordinación militar. Protesta llegó a los cuarteles,
señala en primera plana el opositor La República. Sería absurdo no
reconocer un estado de ánimo compartido por la oficialidad
intermedia del Ejército, harta de la situación de maltrato y manoseo del
que ha sido víctima, señala en nota editorial.
Expreso, identificado con el régimen, define la rebelión militar como un
conato de golpe contra las autoridades democráticas.
A su vez El Comercio, de Perú y opositor moderado, señala en el
editorial que nadie, y menos los militares, que han jurado lealtad a la
Constitución, tienen el derecho de imponer sus ideas por la fuerza de las
armas, y sentencia que la insubordinación de Humala es insostenible desde
todo punto de vista.
La sublevación empezó en el Fuerte Arica, ubicado en Locumba, 860
kilómetros al sureste de Lima. El grupo salió en camiones hasta la
localidad de Toquepala, a 70 kilómetros. Luego de ocho horas de
ocupación, avanzó con destino hacia Puno, en la frontera con Bolivia.
Los soldados se llevaron de rehenes al general Oscar Bardales, jefe
militar de la zona, y a cuatro trabajadores del centro minero, luego de
pedir víveres. Anunciaron que iniciarían una marcha 'por todo el
territorio patrio" y que depondrían las armas solamente cuando hubiera un
alto mando "legitimado y un presidente verdaderamente elegido por el
pueblo".
Octubre
Los peruanos siguieron, ayer, con asombro la sublevación de 49 soldados
dirigidos por un teniente coronel que calificó de ilegítimo al Gobierno
de Alberto Fujimori y al Alto Mando militar.
El Ejército determinó el hecho de 'grave situación de indisciplina' y
dispuso medidas para conjurar el movimiento iniciado por el oficial
Ollanta Humala.
El día anterior se produjo el relevo del Alto Mando de las Fuerzas
Armadas en un golpe de autoridad de Fujimori ante pedidos para que se
deshiciera de oficiales vinculados al ex asesor de inteligencia Vladimiro
Montesinos.
El dirigente opositor Alejandro Toledo declaró que comprendía las razones
de los insurrectos, porque buscaban 'reivindicar el prestigio y
credibilidad de las Fuerzas Armadas' y abogó porque no hubiera un
derramamiento de sangre.
Hubo cierta complacencia, de medios de oposición al Gobierno de Alberto
Fujimori, por la insubordinación militar. Protesta llegó a los cuarteles,
señala en primera plana el opositor La República.
Sería absurdo no reconocer un estado de ánimo compartido por la
oficialidad intermedia del Ejército, harta de la situación de maltrato y
manoseo del que ha sido víctima, señala en nota editorial.
Expreso, identificado con el régimen, define la rebelión militar como un
conato de golpe contra las autoridades democráticas. A su vez El
Comercio, de Perú y opositor moderado, señala en el editorial
que nadie, y menos los militares, que han jurado lealtad a la
Constitución, tienen el derecho de imponer sus ideas por la fuerza de las
armas, y sentencia que la insubordinación de Humala es insostenible desde
todo punto de vista.
La sublevación empezó en el Fuerte Arica, ubicado en Locumba, 860
kilómetros al sureste de Lima. El grupo salió en camiones hasta la
localidad de Toquepala, a 70 kilómetros. Luego de ocho horas de
ocupación, avanzó con destino hacia Puno, en la frontera con Bolivia.
Los soldados se llevaron de rehenes al general Oscar Bardales, jefe
militar de la zona, y a cuatro trabajadores del centro minero, luego de
pedir víveres. Anunciaron que iniciarían una marcha "por todo el
territorio patrio" y que depondrían las armas solamente cuando hubiera un
alto mando "legitimado y un presidente verdaderamente elegido por el
pueblo". (AP-AFP) (Diario Hoy)
Ciudad Lima
