Baja California, cuarto lugar nacional con 4 mil 014 muertos en cinco años
- 28 mil 025 difuntos son clasificados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública como “sin datos” y “otros”. Es decir, el gobierno federal no sabe quiénes son el 46.38 por ciento de los muertos.
- Dirección del Centro Nacional de Información: “Algunas averiguaciones previas refieren a más de una víctima en un solo evento, por lo que es de esperarse que en algunos estados como Chihuahua, haya más víctimas que averiguaciones previas”.
- Human Rights Watch: “Lo que ocurre en México es que no existen investigaciones creíbles”.
- Amnistía Internacional: “Lo que urge es la investigación”.
- Activista Consuelo Morales de Nuevo León: “Calderón es responsable de este baño de sangre y desolación”.
- Doctor Diego Valadés: “Gobierno mexicano denota actitud irreflexiva y autoritaria”.
Enrique Mendoza Hernández
En medio de la impunidad en el sexenio del Presidente Felipe Calderón, los muertos en México ya no se cuentan de uno en uno. Se cuentan por montones, como los 26 cadáveres arrojados en plena Guadalajara o los 35 en Boca del Río.
Por cientos se registran los desenterrados de narcofosas en Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Guerrero hasta el momento.
Con el Operativo Michoacán, Felipe Calderón inauguró lo que llamó su “guerra” contra el crimen organizado, el 11 de diciembre de 2006.
A cinco años de gobierno y a uno de que concluya su administración, niños, mujeres, estudiantes, activistas sociales, empresarios, periodistas, adolescentes y otros mexicanos han perdido la vida.
Recurriendo como metodología a la comparación de tarjetas informativas de las secretarías de Seguridad Pública tanto municipales como estatales, y a estadísticas de las fiscalías y procuradurías generales de Justicia de los estados con la información del Sistema Nacional de Información, ZETA llegó a la conclusión que durante los cinco años de gobierno calderonista, la cantidad de muertos llegó a 60 mil 420; escalofriante cifra que incluye lo que el gobierno federal clasifica como “ejecuciones”, “enfrentamientos” y “homicidios-agresiones”.
La alarmante suma se obtiene del siguiente desglose anual:
- En diciembre 2006, ZETA registró 62 muertes relacionadas con el crimen organizado.
- En 2007: 2 mil 826.
- 2008, 6 mil 837.
- 2009, 11 mil 753.
- 2010, 19 mil 546.
- En 2011, del 1 de enero al 31 de octubre, llegó a 19 mil 396.
La validez de las estadísticas de este Semanario se sustenta también en el discurso del gobierno federal. Cuando Alejandro Poiré informó el 12 de enero de 2011 que durante 2010 sucedieron 15 mil 273 asesinatos vinculados con el crimen organizado, de un total de 20 mil 127 homicidios dolosos reportados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en realidad el funcionario reconoció tácitamente que el 75.88 por ciento correspondía a crímenes relacionados con narcotráfico.
Ahora que del 1 de diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2011 el Sistema Nacional de Información da cuenta de 80 mil 107 homicidios dolosos, los 60 mil 420 crímenes relacionados con el crimen organizado registrados por ZETA corresponden al 75.42 por ciento del total de homicidios dolosos cometidos en cinco años de administración calderonista.
Los anteriores son los muertos oficiales, pero hay otros que las autoridades tanto estatales como federales prefieren ocultar ante la comunidad mexicana e internacional.
El ocultamiento de los muertos o los muertos incómodos
No todas las ejecuciones ocurridas en los estados están siendo registradas por el Sistema Nacional de Información. Un ejemplo muy claro es Chihuahua. La Fiscalía de aquella entidad informó en noviembre de 2011 que entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de octubre de este año, ocurrieron 16 mil 456 “homicidios dolosos”, de los cuales 2 mil 549 tuvieron lugar en 2008; 4 mil 543 en 2009; 5 mil 898 en 2010 y 3 mil 466 de enero a octubre de 2011.
No obstante, el Sistema Nacional de Información, a través del Secretariado Ejecutivo, sólo reporta 11 mil 588 “homicidios dolosos”: 2 mil 030 en 2008; 3 mil 156 en 2009; 3 mil 806 en 2010 y 2 mil 596 en diez meses de 2011. Es decir, no da cuenta de 4 mil 868 muertos. Sólo hay dos opciones: O la Fiscalía Estatal de Chihuahua no reporta el 100 por ciento de los decesos al gobierno federal, o el Sistema Nacional de Información no registra la cantidad que las autoridades estatales le reportan.
De hecho, en la edición 1945 correspondiente a la semana del 8 al 14 de julio de 2011 (http://www.zetatijuana.com/2011/07/11/50-mil-ejecuciones/), ZETA dio a conocer que el 14 de marzo de este año la Fiscalía General de Justicia del Estado Chihuahua reportó 7 mil 209 homicidios dolosos ocurridos en 2010; pero en noviembre de 2011 sólo reconoció que el año pasado sucedieron 5 mil 898. Es decir, mil 311 homicidios dolosos no son reconocidos por la misma institución.
Entonces, si la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua no reconoce mil 311 ejecuciones, más 4 mil 868 que no reporta el Sistema Nacional de Información, resulta que por lo menos 6 mil 179 cadáveres son desconocidos por ambas instituciones.
Lo único que informó en noviembre último la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, fue la cantidad de 9 mil 604 homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada: mil 024 en 2008; mil 976 en 2009; 4 mil 138 en 2010 y 2 mil 466 durante los primeros diez meses de 2011.
En el transcurso del año, ZETA ha solicitado entrevista con el licenciado Carlos Manuel Salas, fiscal general del estado de Chihuahua, para que responda si existe ocultamiento de información al gobierno federal o si es este último el que no registra el 100 por ciento de homicidios dolosos reportados por las autoridades estatales. No se ha obtenido respuesta favorable.
Recientemente se le preguntó a un funcionario del Sistema Nacional de Información, a propósito de sus estadísticas a través de las cuales el gobierno federal reporta el total de ejecuciones, si las procuradurías estatales reportan el total de homicidios dolosos al Sistema Nacional de Información.
Contestó: “Nosotros registramos lo que las procuradurías nos mandan”. Para ilustrar un panorama de lo que ocurre a nivel nacional sobre el ocultamiento de los muertos, puso como ejemplo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz no había reportado ningún secuestro durante todo 2011 al Sistema Nacional de Información. El funcionario contestó a ZETA con una pregunta retórica: “¿Tú les crees? Yo no”.
Los muertos de la fosa común
En las estadísticas del Sistema Nacional de Información existe una especie de fosa común virtual. Ahí están amontonados los muertos no identificados, muchos desaparecidos reclamados por familiares en las marchas, los que quién sabe de qué país centroamericano venían, los calcinados, los pedazos de los desmembrados, los cráneos encontrados por montones, los cuerpos putrefactos desenterrados como si fueran papas de las fosas clandestinas por todo el país, las cabezas sin cuerpo dentro de bolsas de plástico color negro.
De las 60 mil 420 ejecuciones registradas por ZETA durante cinco5 años de gobierno del Presidente Calderón, clasificadas como homicidios dolosos cometidos “por arma de fuego”, “por arma blanca”, “sin datos” y “otros”, 21 mil 768 corresponden precisamente al rubro de “otros”: En 2007 el Sistema Nacional de Información registró 4 mil 202 “otros” muertos; 3 mil 487 en 2008; 3 mil 946 en 2009; 5 mil 025 en 2010 y 5 mil 108 durante 10 meses de 2011.
Un funcionario del Sistema Nacional de Información aseguró que en el rubro de “otros” tienen su tumba virtual los decapitados y otros difuntos para los cuales no existe una categoría en el formato de incidencia delictiva del gobierno federal:
“Si es un decapitado, pues obviamente en ‘otros’, porque no está la categoría de decapitados. Tampoco hay un apartado que diga ‘ejecuciones’, ‘decapitados’, que estén específicamente y que tú digas, ‘bueno, ¿dónde está el descuartizado que encontraron hace dos semanas?’”, plantearía el funcionario del Sistema Nacional de Información.
Por si fuera poco, de las 60 mil 420 ejecuciones ocurridas durante cinco años, 6 mil 257 difuntos son clasificadas como “sin datos”. En 2007 el Sistema Nacional de Información registró 746 muertos “sin datos”; 2 mil 302 en 2008; mil 043 en 2009; mil 275 en 2010 y 891 difuntos “sin datos” del 1 de enero al 31 de octubre de 2011.
Para acabar pronto, entre el rubro de “otros” con 21 mil 768 cadáveres y la categoría “sin datos” con 6 mil 257, suman 28 mil 025 difuntos en cinco años de gobierno. En otras palabras, de los 60 mil 420 crímenes cometidos en ese lapso, 46.38 por ciento son muertes clasificadas como “sin datos” y “otros”; es decir, el gobierno federal desconoce la identidad de 28 mil 025 muertos.
“El punto es que hasta no exista una investigación seria, creíble, que realmente son muy escasas en México, fundada, es imposible determinar quiénes han sido estas víctimas y quiénes son sus responsables”, explicó fehacientemente a ZETA el doctor José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch.
“Lo que ocurre en México es que no existen investigaciones creíbles”, sentencia Vivanco.
Asimismo, Diego E. Zavala, Especialista en DDHH de México para Amnistía Internacional con sede en Londres, explicó sobre la situación crítica de los derechos humanos en México:
“El gobierno (de México) ha reiterado a menudo su compromiso con la protección de los derechos humanos durante su lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, los casos de las personas desaparecidas, las fosas clandestinas, los secuestros y asesinatos ponen de relieve que la situación crítica de los derechos humanos en México”.
Amnistía Internacional coincide con Human Rights Watch sobre la nula investigación del gobierno federal para por lo menos determinar la identidad de las víctimas, menos para sentenciar a los culpables de las 60 mil 420 ejecuciones:
“Lo que urge es la investigación”, concluye el doctor Diego E. Zavala
BC, deshonroso cuarto lugar nacional
Del total de 60 mil 420 muertes relacionadas con el crimen organizado durante los últimos cinco años, 48 mil 692 corresponden a 12 estados. Es decir, doce entidades federativas concentran el 80.5 por ciento del total de crímenes.
1er. lugar, Chihuahua. Se han registrado 12 mil 712 homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada entre el 1 de diciembre de 2006 y 31 de octubre de 2011.
2. Sinaloa.- 7 mil 003.
3. Guerrero. 5 mil 175.
4. Baja California. 4 mil 014.
5. Estado de México. 3 mil 215.
6. Nuevo León. 3 mil 035.
7. Durango.- 2 mil 880.
8. Jalisco. 2 mil 535.
9. Michoacán. 2 mil 408.
10. Tamaulipas. 2 mil 291.
11. Sonora. 2 mil 066.
12. Coahuila. 1 mil 358.
Los “daños colaterales”
El sexenio del Presidente Felipe Calderón también se ha caracterizado por las muertes de civiles que su propia administración llama “daños colaterales”: Niños, estudiantes, empresarios, periodistas, activistas sociales.
El gobierno reconoce: “90 por ciento de bajas está en la delincuencia organizada. Sólo un 10 por ciento de esas bajas son de las instituciones y de blancos civiles”, informó la Secretaría de Gobernación en abril de 2010.
Si ZETA ha documentado 60 mil 420 muertes producto de la guerra de Calderón contra el crimen organizado durante su sexenio, el 10 por ciento de “blancos civiles” serían 6 mil 042.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 5 mil 397 personas han sido reportadas como extraviadas nada más en el sexenio de Calderón, mientras 8 mil 898 cadáveres no identificados han sido de los “resultados” de su “guerra” contra el crimen organizado.
Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua documentó 12 mil niños huérfanos por la violencia en Ciudad Juárez, 120 mil personas desplazadas por la violencia, según información de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y más de 40 mil mexicanos piden asilo político, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Entre “los daños” colaterales se encuentran señores y señoras que al perder a sus familiares, se han convertido en activistas sociales blanco no sólo de la impunidad gubernamental incapaz de revolver sus casos, sino también del crimen organizado y del Estado mismo. No existe ninguna investigación si son algunas autoridades o el crimen organizado quien ha acabado con la vida de muchos activistas.
Entre algunos activistas sociales asesinados se encuentran, por mencionar algunos, la señora Marcela Escobedo, de Ciudad Juárez; Nepomuceno Moreno, de Hermosillo y Trinidad de la Cruz Crisóstomo, de Michoacán.
— ¿Cuál es su juicio respecto a los asesinatos de activistas sociales?, pregunta el reportero a la Hermana Consuelo Morales Elizondo, directora de la Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos en Monterrey, Nuevo León, por cierto de las contadas organizaciones civiles a favor de los Derechos Humanos en la región que comprende al estado regio, Tamaulipas y Coahuila.
“Me parece que estos asesinatos enrarecen aún más esta ausencia de Estado de Derecho, y manifiesta la falta de capacidad de las autoridades de detener esta creciente impunidad. Pero estos hechos que son muy dolorosos, nos convocan y nos unen para juntos seguir buscando, en este caso, a Ricardo Moreno, hijo de Nepomuceno Moreno, por lo que junto con el Movimiento por la Paz, exigimos justicia, verdad y la investigación que nos permita dar con los verdaderos responsables de estos asesinatos. Entonces, lejos de debilitarnos, nos fortalecemos y nos unimos en estas exigencias”.
Calderón, “actitud irreflexiva y autoritaria”
Por “crímenes de guerra y lesa humanidad”, el Presidente Felipe Calderón enfrenta ya una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Países Bajos. Motivada por 23 mil firmas y liderada por Netzaí Sandoval, la demanda incluye al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera; al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; al secretario de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; al secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, entre otras autoridades del gobierno calderonista.
— ¿Qué opina Usted sobre la demanda interpuesta al Presidente Calderón por ONGs y 23 mil ciudadanos mexicanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad?, se le cuestiona a la Hermana Consuelo Morales.
“Me parece que ganas no faltan de verdaderamente juzgarlo por esta actitud tan irresponsable que nos ha llevado a una situación de violencia que supera los muertos de Afganistán, con las consecuencias emocionales, sociales, económicas, etcétera, y aunque me gustaría que fructificara ante la CPI, según nuestro análisis parece que no cubre lo estrictamente jurídico, aunque de hecho sabemos que Felipe Calderón es responsable de este baño de sangre y desolación”.
— Luego de que fuera demandado ante la Corte Penal Internacional, ¿qué opinión le merece de que el Presidente Felipe Calderón haya respondido que su gobierno “explora todas las alternativas para proceder legalmente” al respecto?
“Una vez más, manifiesta su intolerancia y cerrazón”.
Finalmente, el doctor Diego Valadés, investigador titular “C” de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador nacional Nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, expresa a ZETA sobre la lamentable intolerancia y amenaza de Calderón:
“El gobierno actuó con precipitación y sin fundamento en la Constitución. Las 23 mil personas que han llevado sus quejas y argumentos ante la CPI lo han hecho de manera institucional, respetuosa de los procedimientos y acogiéndose a derecho. La tesis de la declaración oficial, de que ocurrir ante un tribunal es un delito, carece de base jurídica e incluso de sentido común. Por eso un nutrido grupo de personas dirigimos un comunicado público al gobierno pidiendo que se retractara de la amenaza. El secretario de Gobernación ya rectificó, lo que indica que advirtieron la magnitud del error y evitaron lo que habría sido un grave atropello. Es deplorable que se registren excesos verbales como los contenidos en ese desplegado del gobierno mexicano, que denotan una actitud irreflexiva y autoritaria”.
La voz oficial: “Más víctimas que averiguaciones previas”
Ante los miles de muertos e impunidad que prevalece en el sexenio del Presidente Felipe Calderón durante cinco años de gobierno, el licenciado Jaime López Aranda, director del Centro Nacional de Información, concedió -vía escrito- una entrevista. Nótese que tal vez dicen más las preguntas no respondidas por el funcionario federal.
Para empezar, cuando se le preguntó cuál es el total de homicidios dolosos del 1 de diciembre de 2006 al 31 de octubre ó 30 de noviembre de 2011 en las 32 entidades federativas, reconoció: “80 mil 080 denuncias de homicidio doloso al 31 de octubre”.
— Del total de homicidios dolosos del 1 de diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2011 en las 32 entidades federativas, ¿cuántos corresponden a crimen organizado?
“La caracterización de ‘crimen organizado’ a la que se alude se denomina actualmente como ‘rivalidad delincuencial’ y se encuentra en la Base de Datos de Fallecimientos Ocurridos por Presunta Rivalidad Delincuencial, que se compila y publica por separado. En este momento aún no se cuenta con el dato de referencia hasta 2011. Los datos disponibles de diciembre de 2006 a diciembre de 2010 se pueden consultar en http://www.presidencia.gob.mx/base-de-datos-de-fallecimientos/.
“Sin embargo, como se refiere más adelante, la comparación no puede ser directa, debido a que en el reporte al Sistema Nacional de Seguridad Pública se contabilizan denuncias que se convierten en averiguaciones previas, y en la citada base, se contabilizan fallecimientos individuales registrados por distintas fuentes”.
— Total de homicidios dolosos del 1 de enero de 2011 al 31 de octubre de 2011 en las 32 entidades federativas…
“18 mil 911 denuncias de homicidio doloso al 31 de octubre”.
— La Fiscalía Estatal de Chihuahua reporta oficialmente 16 mil 456 “homicidios dolosos” del 1 de enero de 2008 al 31 de octubre de 2011. Mientras tanto, el Secretariado Ejecutivo reporta oficialmente 11 mil 588 en el mismo periodo y en el mismo rubro de “homicidios dolosos”. ¿A qué se debe tanta diferencia? ¿La Fiscalía Estatal de Chihuahua no reporta la totalidad de homicidios dolosos, o los que reporta son solamente los homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado?
(No contestó).
— Al hacer la resta 16 mil 456 “homicidios dolosos” del 1 de enero de 2008 al 31 de octubre de 2011 reportados por la Fiscalía de Chihuahua, menos 11 mil 588 en el mismo periodo y en el mismo rubro de “homicidios dolosos” reportados por el Secretariado Ejecutivo, da una diferencia de 4 mil 868 “homicidios dolosos” no reportados por el Secretariado Ejecutivo. ¿Por qué el Secretariado Ejecutivo no los incluye en sus estadísticas? ¿La Fiscalía de Chihuahua omite reportar los 4 mil 868 “homicidios dolosos” en ese periodo, o el Secretariado no los reporta?
(No contestó).
— En todo caso, al haber tanta diferencia (4 mil 868), ¿lo que reporta el Secretariado Ejecutivo en sus estadísticas corresponde a “homicidios dolosos” nada más relacionados con el crimen organizado?
“El formato CIEISP (Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública), que se ha utilizado para compilar una estadística de incidencia delictiva desde 1997, no recopila el número de víctimas, sino el número de denuncias que se convierten en averiguación previa, a fin de aproximar tanto la incidencia denunciada en la entidad como el nivel de actividad en materia de procuración de justicia. Algunas averiguaciones previas refieren a más de una víctima en un solo evento, por lo que es de esperarse que en algunos estados como Chihuahua, haya más víctimas que averiguaciones previas. Esta recopilación está en línea con la práctica a nivel internacional, incluyendo la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito y el Reporte Criminal Uniforme del FBI.
“Así, la diferencia que aprecia el Semanario ZETA se debe a que en un caso se están contabilizando averiguaciones previas y, posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua desglosa el número de víctimas por género y zona, como se hace en la Base de Datos de Fallecimientos Ocurridos por Presunta Rivalidad Delincuencial para casos específicos.
“Para el caso del homicidio doloso en general (incluyendo presunta rivalidad delincuencial) se está preparando a nivel nacional como un formato de reporte suplementario que el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzará a aplicar a partir del año próximo, como lo hace, por ejemplo, el FBI.
“Es necesario recordar también que el análisis del fenómeno delictivo y en particular del homicidio, requiere recurrir a múltiples fuentes de información que aproximan distintos aspectos de éste. Es por ello que el gobierno federal puso a disposición una base de datos de fallecimientos relacionados con presunta rivalidad delincuencial, que complementa y amplía algunos aspectos del reporte en casos específicos de homicidio doloso. De la misma forma, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) ya publicó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE), que permite estimar el número de delitos y víctimas que no necesariamente fueron denunciados”.
— En sus estadísticas sobre homicidios dolosos, el Secretariado Ejecutivo los clasifica en cuatro categorías en el siguiente orden: “Por arma de fuego”, “por arma blanca”, “otros” y “sin datos”. ¿En cuál de las cuatro categorías entran los decapitados, enteipados, desmembrados, encobijados, enterrados en narcofosas?
(No contestó).
— Entre el 1 de enero de 2007 y 31 de octubre, el Secretariado Ejecutivo registró 79 mil 059 homicidios dolosos “por arma de fuego”, “arma blanca”, “otros” y “sin datos”. De ese total, 21 mil 756 corresponden a la categoría de “otros”. ¿A qué se refiere el Secretariado Ejecutivo con “otros”, tomando en cuenta que son 21 mil 756 “homicidios dolosos” en ese rubro?
“Las procuradurías de Justicia y fiscalías generales de las entidades federativas son las responsables de clasificar los delitos de acuerdo, entre otras cosas, al elemento utilizado para la comisión de éstos. En el caso del homicidio doloso, el elemento utilizado para la comisión se refiere al instrumento que causó la muerte, de acuerdo a lo que determine el Ministerio Público.
“Por ejemplo, si la causa de muerte es decapitación, el elemento sería arma blanca, pero si la decapitación es post-mortem, el elemento podría ser arma de fuego. Por ello en el reporte al Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se recogen categorías como las mencionadas.
“La categoría de ‘otros’ en los elementos permite a las procuradurías agrupar los homicidios que no encajan de manera precisa en las otras categorías. Puede referirse a otros elementos de comisión del delito o a una combinación de varios. Pero es necesario reiterar que sólo el Ministerio Público en cada entidad federativa y a nivel federal, tiene los elementos y la responsabilidad de clasificación. El Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo no clasifica ni agrupa ninguna denuncia, sino que se limita a compilar y publicar los reportes de las entidades federativas”.
En total, y en cinco años, 60 mil 420 ejecutados.
Decomisos de la semana
1 de diciembre. Autoridades militares aseguraron en un predio de Navojoa, Sonora seis armas tipo AK-47, tres escopetas, tres fusiles AR-15, cinco pistolas, una granada, equipo de comunicación, material para empaquetar droga y tres vehículos.
En la misma entidad, pero en el poblado de Sonoyta, se incautaron 112 paquetes de marihuana con un peso de una tonelada 144 kilogramos. En el acto se detuvo a Patricio López “El Patricio”.
3 de diciembre. En Mexicali se detuvo a Luis Adolfo Amaya, de 35 años de edad, en posesión de un vehículo que en su interior contenía seis kilos 240 gramos de crystal.
4 de diciembre. En las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, Sonora, se confiscó una aeronave tipo Cessna con residuos de marihuana. Dos sujetos, Martín Aldas y Mario Alberto Ochoa, fueron detenidos.
7 de diciembre. Elementos del Ejército mexicano incautaron en Rosarito tres toneladas 146 kilogramos de marihuana confeccionadas en mil 222 paquetes. El General Gilberto Landeros dijo que presumiblemente el enervante pertenecía a “La Burrita”, narcotraficante de aquel municipio.
Otro hecho se registró en San Felipe, donde se aseguraron 3 mil 146 kilogramos de marihuana. No hubo detenidos.
PEP
Agentes de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a dos sujetos en posesión de más de 15 kilogramos de marihuana repartidos en 30 mil dosis que, se presume, tendrían un precio en las calles de aproximadamente 600 mil pesos. El decomiso se llevó a cabo tras un recorrido de vigilancia de la corporación.
Por su parte, agentes de la Patrulla Fronteriza en la Garita de San Luis Colorado detuvieron a un hombre y una mujer que intentaban cruzar 34 kilos de cocaína a territorio estadounidense, a bordo de un vehículo. Fueron los perros entrenados por aquella corporación los que identificaron la droga. Los detenidos y la cocaína se encuentran bajo el control de las autoridades norteamericanas.
Homicidios
6 de diciembre. En el municipio de Ensenada, en la carretera de Ojos Negros, un hombre fue encontrado sin vida después de ser impactado por tres balas en le cabeza. Según reportes, autoridades estatales se encuentran investigando el homicidio, hasta el momento sin resultados.
7 de diciembre. De un impacto de bala en la cabeza, un hombre fue asesinado en el fraccionamiento Virreyes de Mexicali. Tras el reporte de un ciudadano que vio el cuerpo, autoridades se presentaron en el lugar para iniciar las investigaciones. El individuo no ha sido identificado; tampoco hay detenidos.
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