El bochornoso caso de dos ex presidentes de una empresa pública catalana, Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC), que malversaron o se llevaron 2,7 millones de dinero público, es otra muesca más a añadir a la lista de corrupciones, corruptelas, imputaciones, acusaciones y sospechas que contaminan la política española.
De forma sorprendente, Enric Roig y Antoni Herce acaban de salir de la cárcel con el tercer grado bajo el brazo tras cumplir en la cárcel 48 días de una condena total de cuatro años y medio de prisión por malversar ese dinero público cuando ejercieron sus cargos.
A partir de ahora solo tendrán la obligación de acudir para pasar la noche de lunes a jueves. Y ni siquiera hará falta que lo hagan en la cárcel, sino que podrán hacerlo en un centro de régimen abierto que tiene la Generalitat en la prisión Modelo de la ciudad de Barcelona. El tercer grado penitenciario fue acordado de manera unánime por la junta de tratamiento de la prisión el pasado lunes. Todo sobre ruedas para estos dos presos.
Roig y Herce fueron condenados a cuatro años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos y entraron en prisión después de que el Gobierno central, el 19 de abril, les denegase el indulto.
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La sentencia concluye que en el año 1991 estos directivos constituyeron un fondo de pensiones ilegal para directivos de espaldas a la Administración y sin control oficial. Al final, 15 de esos directivos se repartieron los 2,7 millones. Por este mismo caso también fue juzgado Albert Vilalta, consejero de Medio Ambiente de la Generalitat con Pujol y secretario de Estado de Infraestructuras con José María Aznar. Los jueces sentenciaron que prevaricó como los demás, aunque él no cobrase ningún dinero. Fue absuelto porque el delito había prescrito.
Además de la pena de prisión, Roig y Herce fueron condenados por el Supremo a indemnizar con la misma cantidad malversada, 2,71 millones de euros a FGC, y a la inhabilitación de ocho años y seis meses por los delitos continuados de prevaricación con concurso de un delito continuado de malversación.
Del dinero volatilizado ha aparecido poco. Los dos ex presidentes han devuelto a la empresa pública unos 646.660 euros, es decir, ni la cuarta parte de los 2,7 millones que el Tribunal Supremo les condenó a pagar. Herce ha entregado a Ferrocarriles de la Generalitat un total de 98.356 euros y ha llegado a un acuerdo por el que ingresará la ‘impactante’ cifra de 200 euros mensuales a las cuentas de la empresa pública para resarcirla del quebranto.
Por su parte, Roig ha ofrecido dos fincas de su propiedad para hacer frente al pago de la indemnización fijada en sentencia, cuyo valor alcanza los 548.303 euros y que, una vez la operación sea avalada por la Audiencia de Barcelona, pasarán a engrosar el patrimonio de Ferrocarriles.
El caso de Herce y Roig es solo uno, pero señalado, de la interminable lista de procesos por corrupción real y presunta que asolan la geografía española. En total más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción.
La lista se concentra sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza y seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia.
Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos, o sobre la financiación ilegal de partidos políticos, como Gürtel, el caso Bárcenas, los ERE, o el Liceo, que afectan a PP, PSOE y CiU.
Por tipo de administración, sin embargo, se puede decir que la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España afectan a sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de ex alcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados judicialmente. La mayoría de los regidores municipales están imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas. Nada bueno para la Marca España.
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