La Crisis Señala
el Camino al Proletariado
Colombia atraviesa por uno de los
períodos más caóticos de su historia
como resultado de la quiebra económica, a la cual
se le ha unido, en su momento, el escándalo originado
por las irregularidades en la financiación de la
campaña presidencial de Ernesto Samper. La confusión
ha producido a su vez un gran remezón en todo el
ámbito social y político. Y a esta crisis
no escapa el Moir. Sin embargo, vale la pena, antes que
todo, reafirmar que los males que sufre nuestra patria,
la ruina de las actividades agropecuarias e industriales,
el agravamiento de la miseria del pueblo, tienen una causa
común, la expoliación del imperialismo norteamericano.
Ese despojo se efectúa por medio de la apertura,
el instrumento que viene utilizando Estados Unidos para
recolonizar económicamente al Tercer Mundo, así
como para convertir todo el continente, desde Anchorage
hasta la Tierra del Fuego, en un solo mercado para sus monopolios.
Por eso, para el proletariado, que tiene que salir a las
calles a defender no sólo sus derechos sino también
el patrimonio nacional; para el campesinado que lucha por
subsistir; para los empresarios nacionales de la ciudad
y del campo que realizan ingentes esfuerzos para no liquidar
sus negocios y, en fin, para la inmensa mayoría de
los colombianos agobiados por los impuestos, el alto costo
de la vida y las escandalosas alzas de las tarifas de los
servicios públicos, el avasallamiento gringo no ofrece
duda alguna.
El panorama social y económico
nos muestra un país al borde del abismo. Los efectos
de cinco años de apertura se hacen sentir con toda
su devastadora fuerza. El programa gubernamental de Samper
se impone bajo el demagógico plan del Salto Social,
que no es otra cosa que la patraña inventada por
el Fondo Monetario Internacional para postrar a la clase
obrera a favor de los conglomerados extranjeros. Mientras
el desempleo alcanza niveles dramáticos, a los trabajadores
se les aplican las regresivas normas laborales contempladas
en la ley 50 de 1990 y en el Código Disciplinario
Unico o ley 200 de 1995. Las privatizaciones de la salud
y de la seguridad social se aceleran bajo la ley 100 de
1993, y el gobierno desatiende sus obligaciones en ese campo
haciendo recaer su pago sobre los hombros de los asalariados.
El crecimiento industrial se volvió negativo. Las
importaciones y el contrabando siguen creciendo de manera
incontenible, y el número de empresas liquidadas
o en concordato, en los últimos tres años,
supera ampliamente las cifras dadas durante la crisis de
principios de los ochentas. En el sector agropecuario los
resultados no son mejores. En la actualidad se importan
alrededor de cuatro millones de toneladas anuales de alimentos
contra menos de un millón que llegaban antes de 1991;
el área sembrada se redujo en más de 600.000
hectáreas; salieron del mercado 700.000 productores
y 350.000 familias caficultoras se encuentran abocadas a
la miseria; se acabaron los créditos de fomento,
y se desmantelan las instituciones de apoyo como el ICA,
el Idema y la Caja Agraria. Y si alguien del sector agropecuario
aún esperaba algo de la embustería de la apertura
gradual, oigamos a la ministra de Agricultura, cuando en
agosto, con motivo de la aprobación para importar
carne de Argentina, decía: “es hora de que
los gremios, los productores y los analistas entiendan que
la apertura en el campo es un hecho, es irreversible, y
antes que limitarla la vamos a profundizar”. (El Tiempo,
agosto 4 de 1996). Por eso, si bien mucho industriales y
agricultores creyeron inicialmente en los ofrecimientos
de crédito abundante para llevar a cabo la reconversión
de sus fábricas, en la modernización del Estado
y en las promesas de que mejorarían las vías
de comunicación para facilitar las exportaciones,
con el paso del tiempo empezaron a comprender que la apertura
consistía en la entrega de nuestro mercado a la voracidad
de los consorcios foráneos. Y para ahondar aún
más estas calamidades, entra en juego el desbarajuste
monetario y fiscal, producto del cuantioso endeudamiento
externo que propicia Samper, préstamos que son utilizados
en parte para atender las erogaciones presupuestales que
requiere para conseguir la solidaridad de algunos parlamentarios,
gobernadores, alcaldes y gamonales políticos. Así,
pues, al incierto futuro que se le pronostica a las actividades
económicas, se suma la inestabilidad de un gobierno
que, embrollado en sus trapacerías, trata por todos
los medios de mantenerse en el poder. Pero aún aquí
no terminan las angustias de la nación colombiana.
Las atroces y repudiables prácticas del secuestro,
la extorsión, las masacres, los atentados, el terrorismo,
inclusive los de carácter oficial, se han enseñoreado
por todo el territorio, perturbando tanto los quehaceres
políticos como las labores productivas.
La absolución dada por la
Cámara a Samper, en el mes de junio, dejó
el natural convencimiento de que se consiguió gracias
al uso de los recursos del presupuesto y a la repartición
a manos llenas de cargos públicos, no a su inocencia.
En aras de obtener el respaldo necesario, entró a
saco en las arcas estatales y utilizó la Red de Solidaridad
Social para repartir favores, desvió más de
160.000 millones de pesos del erario por medio de los fondos
de cofinanciación y, como si fuera poco, ahora la
Presidencia cuenta con su propia institución para
girar partidas del Tesoro Público. Entre tanto, desde
la Casa de Nariño y con el apoyo de un grupo minoritario
de la CUT, respaldado por ciertas fuerzas que se dicen de
izquierda, hábilmente se busca enfrentar a los sectores
populares, dividiendo a los colombianos en dos bandos, de
un lado "los pobres", los defensores de la "apertura
con corazón", y del otro, los "enemigos
del Salto Social", los partidarios del "neoliberalismo"
y del "capitalismo salvaje". Pero estas pretensiones
se esfuman día a día ante la categórica
respuesta dada por el pueblo que, con sus pronunciamientos,
nos indican a cada instante otros rumbos. En este sentido
se enmarcan las batallas en Facatativá y otros muchos
municipios para oponerse a los confiscatorios cobros de
las empresas de servicios públicos; los llamamientos
de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios,
ACEB, contra el Pacto Social y las privatizaciones; la huelga
de Sintacreditario para impedir que se liquide la Caja Agraria;
las marchas de los campesinos en Caquetá, Meta, Putumayo,
en el eje cafetero, en Huila, Tolima y, en realidad, en
casi todo el territorio nacional, para rechazar la política
agrícola que niega cualquier oportunidad para cultivar;
o las continuas protestas de los educadores, de los trabajadores
de la salud, de las telecomunicaciones y demás empresas
estatales, quienes, independientemente de las tendencias
prosamperistas de una parte de los dirigentes sindicales,
se ven en la necesidad de adelantar combativas protestas
contra la enajenación de los bienes de la nación
y en defensa de sus conquistas laborales puestas en peligro
por las imposiciones del FMI. Todas las demagógicas
consejas originadas en el Palacio de Nariño sufren,
pues, el más rotundo rechazo. Y no puede ser de otra
manera. El desempleo, las asfixiantes tasas impositivas,
los servicios caros y malos cuando se logra tenerlos, no
son las mejores razones para que los 17 millones de personas
que viven en la pobreza y los otros 17 millones que son
empujados hacia esa deplorable condición salgan a
defender, precisamente, al agente indiscutido en Colombia
de la coyunda oligarquía e imperio, causa suprema
de nuestros males. Esas son las enseñanzas que nos
dejó la celebración del pasado Primero de
Mayo. Al1í vimos que la unidad es uno de los más
sentidos deseos de los trabajadores y que éstos pueden
superar las tácticas patronales y gobiernistas que
pretenden ponerlos al servicio de sus enemigos. Asimismo,
fieles a su posición de clase, nos mostraron que
no se confunden ante los cantos de sirena de “nacionalistas”
de última hora y que no se dejarán utilizar
para librar batallas ajenas a sus intereses; que cada día
son más conscientes de que su tarea principal consiste
en liderar el Frente que, conformado sobre la base de la
alianza obrero campesina, aglutine a la pequeña burguesía,
a la burguesía nacional e inclusive a los integrantes
del clero y de las fuerzas armadas que deslinden campos
con los agentes del neocolonialismo, Frente que ha de librar
las batallas por la soberanía económica y
por expulsar al imperialismo y a la oligarquía liberal
conservadora que detenta el poder, única forma de
construir una patria, esa sí soberana, próspera
y en marcha al socialismo.
Ante la bancarrota que se veía
venir, los gremios económicos y múltiples
fuerzas sociales arreciaron sus ataques contra el jefe del
Estado. Los partidos tradicionales, por su parte, se dividieron
entre quienes le apostaban a la caída de Samper,
sumándose al bando de la oposición y exigiendo
su renuncia, y entre quienes prefirieron acatar el consejo
de que “más vale pájaro en mano...”
y terminaron postrados frente al gobierno e inclusive sacrificaron
sus programas a cambio de ministerios, gerencias de institutos,
embajadas y aún mínimas prebendas burocráticas.
En este enrarecido caldo se afianzaron las oposiciones oportunistas
de la nueva dirección del Moir, que busca ponerse
a la cola de la “vieja clase política”,
y que mira con cierta esperanza obtener, en un futuro no
muy lejano, ciertos logros electorales al lado de las huestes
del ministro Serpa.
Además de la acusación
de haber recibido miles de millones de pesos procedentes
de las actividades del narcotráfico, lo cierto es
que a la campaña presidencial de Samper ingresaron
más de 4.000 millones de pesos de los grupos financieros
de Santodomingo, Sarmiento Angulo, Sanford, Ardila Lulle
y Sindicato Antioqueño, consorcios que amasan, en
conjunto, más de las dos terceras partes de los activos
empresariales del país, si se excluye la inversión
extranjera. Pero no sólo contribuyeron a elegirlo,
sino que al ofrecerle su apoyo incondicional, ya con declaraciones
públicas o visitas a Palacio, le permitieron capotear
la tormenta en las horas más difíciles de
su gobierno. La trayectoria de Samper, primero en ANIF,
y luego durante su carrera política, incluidas las
actividades proselitistas al lado de López Michelsen
en la década del ochenta, sus pronunciamientos en
la campaña presidencial de 1990 y la que lo llevó
al Palacio de Nariño; su completa y efectiva labor
como ministro del régimen de César Gaviria
para sacar adelante la apertura recetada por la metrópoli,
no dejan lugar a dudas de cuáles intereses representa.
Como presidente de la República comencemos, por ahora,
por señalar la presteza para satisfacer las exigencias
del FMI. En el memorando entregado a fines de noviembre
de 1995, el organismo internacional pedía, entre
otras cosas, aumentar las tarifas de energía y teléfonos,
reajustar el precio de la gasolina, reducir los salarios,
hacer un drástico ajuste monetario, elevar las tasas
de interés, avanzar en el proceso de privatización
y reducir la burocracia. “Recomendaciones” que
oportuna y eficazmente Samper ha venido ejecutando, especialmente
las que se refieren a enajenar la nación, aumentar
las cargas tarifarias e impositivas al pueblo, disminuir
los salarios y acabar con los puestos de trabajo.
Aunque la fidelidad de Samper a
Estados Unidos no es de ahora, ésta se recrudece
después del debate en la Cámara. Bastó
que Washington pidiera mayores garantías a la inversión
extranjera para que Samper cediera lo poco que no había
entregado Gaviria con la resolución 51 de 1991 del
Conpes. Ahora, no sólo existe libertad completa para
los capitales foráneos sino que aquellos vinculados
a los sectores considerados estratégicos, como los
servicios públicos, la finca raíz y los medios
masivos de comunicación, ni siquiera requieren del
permiso previo del Departamento Nacional de Planeación.
De la misma manera el gobierno entra a revisar los contratos
petroleros con el fin de incrementar las ganancias de los
pulpos foráneos en detrimento de los ingresos de
Ecopetrol. Inicia la más completa campaña
en el exterior para entregarle a los monopolios las empresas
de energía eléctrica y acelera la venta de
los bancos, de las telecomunicaciones, de las carreteras
y de los aeropuertos. Y como la inversión extranjera
se ha más que duplicado en los dos últimos
años, no es de extrañar, entonces, el respaldo
que le brindara a fines de agosto, en carta al mismo Departamento
de Estado, un grupo de importantes monopolios norteamericanos,
encabezados por BP American Inc., Chevron Corp., Bethel
Group lnc. y Triton Energy. Mientras el embajador gringo
agravia sin cesar a la nación, se pasea por el territorio
patrio inaugurando bases y radares, otorga préstamos
y ayuda militar de toda clase, despotrica a diestra y siniestra
contra los organismos legislativos y judiciales del país,
el presidente y su ministro de Justicia manifiestan que
Colombia y Estados Unidos conforman un matrimonio “enamorado
e indisoluble” y que el país es un “marido
fiel de la inversión foránea”.
¿Cuáles podrían
ser, pues, las diferencias de Samper con Washington?
No existiendo contradicciones en el manejo político
y económico ni en la forma de ejecutar los deseos
de la metrópoli, sólo nos queda por mirar
las relaciones que se originan en el narcotráfico.
En diciembre de 1993, cuando Samper viajó a Washington,
el gobierno norteamericano le hizo saber que conocía
la presencia de dineros de la mafia en su campaña.
En junio de 1994, al visitar nuevamente la capital del imperio,
en la ya tradicional presentación del presidente
electo ante sus patrones, dos altos funcionarios de la Casa
Blanca, Chris Arcos y Michael Skoll, le reiteraron la acusación
y, “él negó que había recibido
esos dineros y nosotros le dijimos que lo había hecho
(...) El acuerdo básico fue que si se comportaba
como si no los hubiera recibido (...) podríamos trabajar
juntos”. (El Tiempo, febrero 5 de 1996). Asimismo,
según un despacho de la UPI de junio de 1994, el
Secretario de Estado, Warren Christopher; aseveró:
"No podemos evitar que (Samper) se convierta en presidente.
Así que trabajaremos con él y lo observaremos
muy de cerca. El sabe que lo que se haga será determinante
en las relaciones”. En octubre de 1995, en su discurso
ante la ONU, el presidente Clinton, al mismo tiempo que
le ofrecía su respaldo al mandatario colombiano,
le entregaba sus peticiones: más años de cárcel
para los narcotraficantes y la confiscación de numerosas
empresas de los carteles. Después de perorar sobre
“soberanía” porque del Norte sólo
llegaban “unas moneditas”, el gobierno termina
respondiendo favorablemente a los reclamos de la Casa Blanca:
aumenta las penas para los delitos del narcotráfico,
permite la confiscación de bienes, abre las puertas
a la extradición de nacionales y autoriza a la marina
norteamericana el abordaje de barcos colombianos, cuando
estos se encuentren en alta mar.
Todo esto, sin embargo,
no ha sido óbice, para que el Comité Ejecutivo
del Moir insista en que se fragua una “conspiración”
para tumbar a Samper. En declaraciones al periódico
Voz, a finales de enero, uno de los miembros del Ejecutivo
afirma ligeramente: “(...) y todos coinciden además
en que la salida es que asuma el vicepresidente Humberto de
la Calle Lombana. Lo cual hace evidente que esto es el producto
de una operación sumamente planeada. Quien quiera examinar
el conjunto de la situación y atar cabos es importante
subrayar que aquí estuvo muy pocos días antes
de este suceso el jefe de la CIA, John Deutch y que esto tuvo
que hacerse bajo su orientación”. Claro que se
cuida muy bien de no mencionar que durante la visita que realizó
el director general de la CIA se reunió con los ministros
colombianos de Defensa y Justicia, con los directores del
DAS y de la Policía y que terminó sentado a
manteles con Samper en Palacio. En el último discurso
del secretario del Moir, pronunciado el primero de agosto
pasado, ya se redondea la posición: “Ponerle
un cerco al gobierno en busca del eventual derrocamiento de
Samper; desestabilizar las instituciones estatales; alentar
las actividades reaccionarias y antinacionales de fiscales,
policías y políticos que tienen adicción
a su intervencionismo; estigmatizar el país ante la
comunidad internacional, y someter a su chantaje a la nación
entera, es la forma que adopta el actual proceso de recolonización
de Colombia emprendido por el gobierno de los Estados Unidos.
Tal aseveración (...) fundamenta nuestra táctica
de supeditar todas las contradicciones a la existente entre
la nación y el imperialismo, la contradicción
mayor”. Tratar a Samper de “sumiso” y a
veces “torpe y mediocre” pero objetivo del “más
temible mandoble”; que el “virrey” Frechette
y el personal de la DEA, la CIA, “los siniestros organismos
cuya misión confesa es hoy más que nunca reprimir,
espiar y conspirar”; que “tanta complacencia (del
gobierno samperista) de nada le ha servido, pues el imperialismo,
inflexible ante sus gestos de apaciguamiento, estrecha el
cerco a la nación y sigue en pos de su cabeza”,
es transformar, por arte de birlibirloque, al lacayo de Samper
en la “víctima”, es pretender que la defensa
del vendepatria se convierta en la tarea principal del pueblo
colombiano y ¡ay de aquellos que "por pendejos"
o "por unos dólares mas" no lo hicieran!
Desde la salida del
primer comunicado público del nuevo secretario del
Moir, en donde se hace un llamamiento para apoyar un frente
gaseoso, “sagrado” y con “la gente de bien”,
echando por la borda la orientación dada por Mosquera
en 1993 de impulsar el frente revolucionario con las fuerzas
de izquierda y antiimperialistas, uno de los puntos de discusión
con el Comité Ejecutivo giró alrededor del tratamiento
de las alianzas. Con el cuento de una “conspiración”,
cuando no del peligro de una inminente “invasión”
para derrocar al “torpe” mandatario, la dirección
del Moir levantó la bandera de la defensa de la “soberanía”.
Cabe preguntarse entonces, ¿cuál soberanía?
Con la aparición del imperialismo, a fines del siglo
pasado, Colombia, país atrasado y que no logró
realizar su revolución burguesa, cayó fácilmente
bajo la férula de Estados Unidos. Desde ese entonces,
cuanto mandatario se ha sentado en el solio de Bolívar,
unos en forma abierta y descarada, otros con un poco de recato
y aun aquellos que se han atrevido a susurrar en algunas oportunidades
contra la injerencia gringa, todos, sin excepción,
han acatado obsecuentemente las determinaciones emanadas desde
la Casa Blanca. Francisco Mosquera, desarrollando la concepción
leninista sobre el imperialismo nos enseñó que
el desvalijamiento moderno que se efectúa por medio
del neocolonialismo no requiere de virreinatos o protectorados
para realizar la labor depredadora. Que aunque eche mano de
cuartelazos, invasiones y tomas de territorio, dentro de su
inclinación natural a esgrimir la represión
cuando lo considera indispensable, las inmensas ganancias
las obtiene gracias a la exportación de capitales.
En la era actual cuando se presenta la más encarnizada
lucha entre los monopolios, los bloques imperialistas, además
de saquear las riquezas de las regiones atrasadas del planeta
y tratar de asegurar los mercados para sus mercancías,
buscan afanosamente alrededor del mundo los países
con salarios más deprimidos para instalar sus maquilas.
De esa manera se hicieron presentes en el oriente asiático
donde una alta población con mesadas de miseria les
reportaban jugosas ganancias. Pero aun a su pesar, el imperialismo
trae un cierto desarrollo que, en este caso, se traduce en
un inevitable incremento de sus costos. Ahí radica
el afán por buscar nuevos territorios y, como lo expresa
Mosquera, obliga a los países del Tercer Mundo a entrar
al mercado mundial con la única mercancía con
la cual pueden competir por el momento: fuerza de trabajo
barata. De ahí que, en vez de crearle ilusiones al
pueblo sobre una hipotética reacción de Samper
contra sus amos, era necesario determinar claramente la esencia
del régimen y, después de realizar un análisis
histórico y concreto sobre los hechos, determinar qué
le sirve y qué no a los intereses de la democracia
y del proletariado. Cuando se trata precisamente de quien
tiene en sus manos las riendas del Estado, y mucho más
cuando no existe ni el más leve gesto en favor del
pueblo o de la democracia ni la más leve manifestación
contra la agresión imperialista, el sólo atribuirle
un pequeño asomo de auténtico nacionalismo al
primer mandatario, significa traicionar el programa que nos
ha orientado, significa sujetar la acción a las conveniencias
electoreras de la hora. En febrero de 1979, en el editorial
de Tribuna Roja No. 33, Mosquera nos decía: “Por
eso los comunistas no nos agregamos a cualquier tipo de reivindicación
nacional; no coreamos las rogativas reaccionarias para que
las masas se contenten con soberanías simuladas, autodeterminaciones
restringidas y no intervenciones de mentiras. Bajo el neocolonialismo
la más vulgar y prostituida expoliación se pavonea
de dama recatada y pudorosa. La dependencia económica
sustenta indirecta paro eficazmente la intromisión
política de los magnates de las casas matrices, y sin
arrancar de cuajo aquélla no se suprime ésta”.
Con la desaparición
de la URSS, el máximo contrincante de los Estados Unidos
en la arena internacional, queda limpio el camino para la
prepotencia yanqui. Con los más disímiles pretextos
interviene en cualquier lugar del planeta: para “repartir
alimentos” o “defender los derechos humanos”
desembarca sus fuerzas armadas en los países africanos;
lleva la guerra al Golfo Pérsico; fomenta la desintegración
de Yugoslavia y contribuye a masacrar al pueblo serbio; respalda
a Yeltsin para que invada a Chechenia; entra a Panamá
para apresar a su antiguo agente a sueldo; para “reinstaurar
la democracia” va a Haití; escudado en la lucha
contra el narcotráfico instala bases por todo el territorio
latinoamericano; certifica y descertifica a los demás
gobiernos; construye “escuelas” en apartadas regiones
de Colombia y, en fin, entrena y financia al ejército,
la policía, los cuerpos secretos de seguridad, fiscalías
y demás instituciones de investigación y represión
de casi la totalidad de las naciones latinoamericanas. Esa
es su característica intervencionista y antidemocrática.
Las actuaciones de hecho del imperio no son nuevas, se han
agudizado recientemente, como potencia mundial sin contendiente
a la vista. No olvidemos, tampoco, que la corrupción
es una herramienta más de los monopolios. Los sobornos,
el chantaje, la intimidación, cuando no la más
feroz violencia, han sido sus armas para extenderse por el
mundo, manipular o derrocar gobiernos y someter pueblos enteros.
Asimismo, saben sacar provecho de la descomposición
de las castas oligárquicas. La actual coyuntura no
ha sido la excepción y Washington se mueve para presionar
al régimen títere a fin de obtener el máximo
de prebendas. Pero esa hegemonía, necesariamente será
derribada por la acción revolucionaria de los pueblos
que más temprano que tarde se levantarán contra
sus opresores internos y externos.
Luego de la muerte
de Mosquera, como la nueva dirección se empeñara
en conducir al Partido a cerrar filas con los samperistas,
y en la práctica llegaron a respaldar al gobierno al
supeditar todas las contradicciones a un ataque confuso y
de corte burgués al imperialismo, traicionando el rumbo
trazado por quien fuera el fundador y máximo guía
del MOIR, un grupo cada vez más numeroso de militantes,
en los diferentes organismos intensificó la lucha contra
aquella tendencia oportunista. La respuesta desesperada y
arbitraria del Comité Ejecutivo no se hizo esperar:
la expulsión de los siete camaradas miembros de la
Junta Directiva de ACEB y de todos aquellos otros que comparten
sus posiciones revolucionarias. Parafraseando a Mosquera podríamos
afirmar que combatir revolucioanariamente tres largos decenios
para terminar remozando la república oligárquica,
es como derribar un árbol para cazar un mirlo.
De ahí que
reiteremos nuestra firme decisión de continuar la tarea
revolucionaria que nos enseñara nuestro recordado líder
y maestro Francisco Mosquera, construyendo el partido del
proletariado, conservando el programa y los estatutos que
le diera al MOIR, impulsando el frente que aglutine a más
del 90% de la población y combatiendo a los enemigos
principales del pueblo colombiano, el imperialismo y su sostén,
la oligarquía liberal-conservadora, hoy encabezada
por Ernesto Samper.
¡POR LA SOBERANIA
ECONOMICA: RESISTENCIA CIVIL!
¡ABAJO EL GOBIERNO
PROIMPERIALISTA DE SAMPER!
Comité Ejecutivo MOIR - Línea
Francisco Mosquera.
Noviembre 10 de 1996
Periódico El Fogonero |