Las acciones tras el déficit del Transantiago

Cada vez que se tome una decisión para tratar de mejorar el Transantiago, será inevitable ver las reacciones críticas a un proyecto que, ya nadie duda, no debió implementarse en las condiciones en que se hizo.

Políticamente, son entendibles, pero no explicables, las reacciones siempre negativas de la oposición ante cualquier acción de la autoridad que busque mitigar el alto costo que todos los chilenos debemos pagar por una decisión errónea y por la incapacidad de tomar las medidas correctivas a tiempo, o de muchos que, de acuerdo con el gobierno de turno, continúan con los diagnósticos negativos de un hecho pasado y conocido.

Pero lo que se necesita hoy son soluciones, definir qué es lo más conveniente de hacer de aquí en adelante dada la situación que actualmente se enfrenta. Como en todo proyecto, cuando los resultados esperados no se logran, más que intentar alcanzarlos a toda costa, lo racional es aceptar el hecho de que las condiciones pueden dar pie a varias nuevas acciones que van desde el “abandono” del proyecto hasta su continuidad en las mismas condiciones, que aunque parezca la menos racional debe evaluarse, dada la irreversibilidad de inversiones ya realizadas, pasando por todas las opciones intermedias.

La visión de país, término del que más se abusa que usa, exige aportar puntos de vista que puedan contribuir a una mejor decisión.

En este sentido, no puede obviarse el hecho de que cualquier subsidio estatal obligará al gobierno a distraer recursos que podrían ser destinados a otras áreas socialmente tanto o más necesarias de solucionar que la del transporte colectivo de la capital.

Nadie desconoce que los usuarios son los menos responsables de los errores cometidos. Pero alguien debe asegurar el financiamiento de los cuatro elementos básicos que hacen sustentable cualquier proyecto: (a) que sea capaz de cubrir sus costos de funcionamiento, no sólo de la operatividad de las máquinas, sino que aquellos asociados con la burocracia administrativa necesaria para su gestión; (b) que permita obtener una rentabilidad adecuada sobre el capital invertido para incentivar a los licitantes a postular y permanecer en el negocio; (c) que posibilite pagar las deudas por las nuevas inversiones y (d) que permita constituir un fondo de reserva para la reposición de las máquinas.

En un negocio cualquiera, es el usuario el que financia, a través del precio que paga, estos cuatro factores. El Transantiago puede que tenga una alta rentabilidad social pero, al igual como un aeropuerto podría tenerla para el desarrollo de una localidad no funciona si las líneas aéreas no tienen también una rentabilidad privada positiva al usarlo, cualquier nueva licitación debe considerar que estos elementos son ineludibles.

El problema es quién financia este proyecto. Si somos todos los chilenos, ¿será más conveniente que dar apoyo para la reconstrucción posterremoto, mejorar las prestaciones de salud, aumentar las pensiones de los jubilados, apoyar a microempresarios, dar más oportunidades a jóvenes talentosos de escasos recursos para su educación o seguir aumentando los ingresos de nuestros parlamentarios? Si así se demostrase, bienvenido sea el subsidio. Pero no basta con reconocer que un proyecto es rentable. Cuando los recursos son limitados, hay que invertirlos en la opción más conveniente para el país.

Confío en la creatividad de los empresarios. Por ello, creo que flexibilizar las bases de las licitaciones futuras permitiría recibir de los privados propuestas que, con sano sentido competitivo, puedan ayudar a mitigar el costo para toda la sociedad. Creo en dar concesiones de largo plazo que permitan reducir la exigencia de recuperar el capital invertido en el corto plazo. Creo que la decisión que se tome debe ser explicada en función de las otras necesidades del país.

* Profesor titular Facultad de Economía y Negocios Universidad San Sebastián