Arizona: ¿un estado policial?

EL debate sobre inmigración se reanudó en EEUU de manera espectacular: ante la ausencia de iniciativa nacional y el temor, que se refuerza en el suroeste, a una pérdida de control de la frontera mexicana, la gobernadora republicana Jan Brewer firmó el 30 de abril la versión final de la ley SB1070. Esta ley suscitó un fenomenal escándalo. Obama se pronunció, declarando que cuestionaba el legado de las libertades y quebraba un lazo de confianza entre ciudadanos y policía. Las manifestaciones se multiplicaron en el país, así como los llamados a boicots. México aconsejó incluso a sus ciudadanos abandonar Arizona. ¿Qué hace esta ley para merecer toda esta atención? Un despacho de la agencia AFP presentó la ley diciendo que “endurecía” el dispositivo legal contra los inmigrantes clandestinos. Esta ley permite a cualquier policía de Arizona exigir sus papeles a todo aquel susceptible (“sospecha razonable”) de ser inmigrante clandestino; se estima que en Arizona llegan a 450 mil personas.

El impacto que ello provoca en EEUU es comprensible. Nación de inmigrantes, los estadounidenses son sensibles al tema. Las primeras leyes que crearon un marco para administrar los flujos datan de inicios de los ’20. Antes de 1921, había amplitud, por mucho que los estados tuvieran cada uno leyes y que el estado federal intervenía, por ejemplo contra la inmigración asiática en 1882. Todo ataque basado en prejuicios raciales genera reacciones extremadamente fuertes, movilizando sin vacilar el pasado discriminatorio de EEUU. La constatación es tanto más significativa en un EEUU que eligió a un Presidente mestizo, uno de cuyos compromisos, cuando era parlamentario local de Illinois, fue luchar contra las discriminaciones.

Una ley como de Arizona es explosiva. El escándalo no se refiere solamente al resultado sino al criterio de control. Los grupos hispánicos subrayan a justo título que ese texto permite practicar la “profilaxis étnica”. Arizona es el único estado que ha tomado esta decisión. Pone a la orden del día la incapacidad del estado federal para actuar a nivel nacional, mientras las encuestas indican que la opinión pública es favorable a una reforma de la política migratoria. Ya en 2007, y pese al apoyo del Presidente George W. Bush, un proyecto había fracasado en el Senado. Ese compromiso no satisfacía a nadie. La derecha negó toda forma de amnistía a los clandestinos (van desde los 10 millones a los 12 millones) que no han respetado las leyes. En cuanto a la izquierda, rechazaba las medidas securitarias de control en la frontera. El problema sigue sin repuesta.

El marco legislativo heredado de 1965 es cuestionado por todos, pero sin que emerja un nuevo consenso de reemplazo. Hasta ahora, Obama no parece tener incitaciones fuertes para actuar. La reforma de los seguros de salud en marzo y las negociaciones sobre la reglamentación de las instituciones financieras y el cambio climático no dan lugar a otro debate. No sólo están próximas las elecciones al Congreso, sino que los demócratas, al igual que los republicanos, están divididos. En estas condiciones, la inmigración es enfocada bajo el ángulo más simple, allí donde el consenso es más fácil: la seguridad. En 2006, el Congreso había aprobado una ley para construir un muro en la frontera. Y en 2002, con la creación del Department of Homeland Security, la repartición responsable por la gestión de los inmigrantes (el INS) fue integrada a ese departamento, saliendo de la Secretaría de Justicia. Desde entonces, es oficial la mezcla de seguridad e inmigración.

¿Escandaloso? En EEUU, sin discusión. Pero no en Europa y, en especial en Francia, donde cualquier agente puede exigir sus papeles a cualquiera. Y, tradicionalmente, el Ministerio francés del Interior incluye la gestión de la policía y la inmigración. Es extremadamente revelador ver que los medios franceses no recogen el debate sobre la inmigración que arrecia en EEUU. La actualidad estadounidense, vista desde Francia, se resume a la marea negra en Louisiana y a las dificultades de la reforma financiera. Como suele ocurrir, es más fácil criticar a EEUU en el subentendido implícito de que la situación en Europa es superior. En cambio, un debate como el que se da en torno de la ley de Arizona permanece ausente. No puedo impedirme ver en ello un ejemplo más de la abundancia de los prejuicios. Respecto de este punto, los estadounidenses tienen un debate sano que ilustra la vitalidad democrática al rechazar toda ampliación abusiva de los poderes de la policía.

Al menos por esta vez, EEUU parece dar una lección. Es sumamente entristecedor ver que los medios franceses dejan de lado una información que, al presentar a EEUU bajo una luz positiva, da a Francia el rol malo.