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Casen: el necesario debate sobre el rol de Estado

Por Claudio Rodríguez Díaz, investigador de ICAL

Los resultados Casen 2009 echaron por tierra, como mecanismo de superación de la pobreza, el sistema de protección social de un Estado subsidiario neoliberal, por su incapacidad para asegurar la dignidad de los chilenos y chilenas a todo evento.

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Domingo 1 de agosto de 2010 | | Blog Columnistas

El revuelo que trajo la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) tendió a centrarse en las culpas que el actual gobierno encontró achacable a la anterior administración por el bajo crecimiento económico y en las exculpaciones por la crisis financiera internacional de 2008, enarboladas por los defensores de Bachelet.

A pesar del crispado debate, la realidad desnudada no hizo más que romper con dos ilusiones: la pobreza como curva de tendencia regresiva y que el motor del desarrollo haya su sitio en los individuos y el mercado.

En otras palabras, los resultados Casen 2009 echaron por tierra, como mecanismo de superación de la pobreza, el sistema de protección social de un Estado subsidiario neoliberal, por su incapacidad para asegurar la dignidad de los chilenos y chilenas a todo evento.

Lo que el debate público sobre la pobreza oculta son aquellos factores estructurales de las economías abiertas que reducen el rol del Estado y asocian las políticas sociales a la focalización del gasto público en sectores excluidos, sin capacidad ni competencias para integrarse a los patrones de consumo de una sociedad de mercado.

El nuevo escenario que se abre, marcado por dar solución a la pobreza, remitirá al análisis de las políticas sociales y finalmente al debate por el rol del Estado.

El punto de partida es la crítica al Estado subsidiario, avanzando en la noción de un Estado garante, que se encadene a una estrategia de desarrollo nacional incluyente, con énfasis social y participativo. A ello contribuye la concepción de un Estado plural, popular y democrático, que requiere del concurso de todos y todas para su definición, siendo el instrumento para su construcción la Asamblea Constituyente.

A su vez, se necesita avanzar en una real descentralización, fortaleciendo los instrumentos políticos y técnicos que posibiliten un rol más activo a las regiones y municipios. Ello requiere, también, de una sociedad civil fuerte y una comunidad que cuente con los recursos y competencias para incidir en los procesos de desarrollo.

En síntesis, se requiere de políticas integrales, localizadas y participativas, universales y públicas, en las áreas básicas de derechos humanos esenciales como salud, educación, vivienda y trabajo. Esto permite pensar en la posibilidad de avanzar de un sistema de protección a una política integral de justicia social y cumplimiento de derechos humanos, con un Estado garante de derechos y promotor del desarrollo.

Junto con un rediseño de política pública en materia social, es preciso reconceptualizar la pobreza y generar instrumentos que midan variables distintas al ingreso e incorporen la dimensión cualitativa de ésta. De tal forma, nos iremos adentrando al Chile real, aquél que en nuestra convivencia cotidiana con el mundo popular nos habla de casos que, ciertamente, superan con amplitud los niveles porcentuales que hoy nos dicen en cifras que hay sólo un 15% de pobres en el país.

 
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