Balance del “Plan Colombia”

El Presidente Álvaro Uribe deja el gobierno con una alta popularidad. Su política de “Seguridad Democrática”, aplicada durante sus ocho años en el palacio presidencial, fue elaborada por sus generales. Ella consistió en una guerra sin tregua contra los insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En forma gradual, Uribe consiguió reducir las actividades de grupos paramilitares de ultraderecha así como la gravitación de las guerrillas. Esto fue posible, en buena parte, gracias al masivo respaldo militar y financiero de Estados Unidos.

Hace 10 años, en julio de 2000, el Presidente Bill Clinton otorgó ayuda a Colombia por 1.300 millones de dólares. El grueso estaba destinado a los militares para el combate contra el narcotráfico. Pero a poco andar los fondos fueron utilizados para la lucha contra las fuerzas guerrilleras. Desde esa fecha hasta ahora, Bogotá ha recibido 7.300 millones dólares en el marco del “Plan Colombia”.

En Washington hay gran satisfacción por los resultados. Ello, al punto que la experiencia colombiana es exhibida como un ejemplo para México o Afganistán. Robert Gates, el ministro de Defensa de Estados Unidos, en una visita a Bogotá, en abril, no ahorró halagos para Uribe. Lo calificó de “heroico” y de “pieza clave para la seguridad y prosperidad de Sudamérica”, además de “una fuente única de experiencia y conocimiento para sus vecinos”. ¿Cuáles son los logros que ameritan semejantes elogios?

La situación colombiana presentaba a comienzos de la década un cuadro que caminaba a lo que se entiende por un Estado fracasado: un poder político desacreditado, un poder judicial ineficaz y unas fuerzas armadas incapaces. Todo redundaba en una gradual pérdida de control del Estado sobre el territorio. El diagnóstico de Washington entonces era: “La soberanía nacional de Colombia es amenazada en forma creciente por una guerrilla resurgente”. Las estadísticas muestran que las cosas han cambiado desde entonces: mientras en 2002, cuando asumió Uribe, se registraron 27.829 homicidios, en 2009 se contaron 17.717. Los secuestros bajaron de 2.882 en 2002 a 213 en 2009. Los ataques guerrilleros cayeron de 1.645 en 2002 a 486 en 2009. Según el gobierno, las fuerzas de las organizaciones guerrilleras han sido menguadas a la mitad y hoy sumarían menos de 10 mil efectivos movilizados.

¿Cómo consiguió Uribe estos resultados? El masivo paquete de ayuda estadounidense le permitió casi triplicar el presupuesto bélico y las fuerzas armadas pasaron de 256.000 efectivos a 446.000. La eficacia del esfuerzo militar oficialista ha quedado a la vista. La mejora en la movilidad y las comunicaciones de las fuerzas regulares y la policía ha tenido un impacto notorio sobre la guerrilla. De particular efectividad ha sido la fuerza aérea que multiplicó sus misiones de reconocimiento y bombardeo de las zonas rebeldes. Con ello dificultó la concentración de insurgentes para lanzar ataques de cierta envergadura.

El lado no democrático y escalofriante de la ofensiva oficialista fue la continuación de los asesinatos ejecutados por militares y agentes del Estado. Desde el 2002, se han contabilizado más de un millar de los llamados “falsos-positivos”. Un “positivo”, en la jerga militar, es un guerrillero dado de baja. Cuando la víctima no es un insurgente sino que es un ciudadano secuestrado para hacerlo pasar por tal, se habla de un “falso-positivo”. Por cada rebelde ultimado, los soldados responsables reciben semanas de vacaciones y remuneraciones del orden de los dos mil dólares. Ante las denuncias de secuestros de inocentes, Uribe reaccionó airado y declaró: “Cuando avanza la acción contra la guerrilla, cualquier baja ya la denominan ejecución extrajudicial”. Las organizaciones ciudadanas que denunciaron estos hechos fueron motejadas por el gobierno como “voceros del terrorismo”. El servicio de inteligencia colombiano, el DAS, tiene una vasta experiencia en montajes políticos. Documentos que salieron a la luz pública muestran que realizó grandes campañas de calumnias contra jueces, políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y organizaciones opositoras. Las acusaciones infundadas fueron desde vinculaciones con la guerrilla a casos de corrupción. Pese a los esfuerzos por desacreditar a sus acusadores, la evidencia fue abrumadora y el gobierno debió sacar a retiro a 27 militares, entre ellos a tres generales. Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, señaló en su informe 2010: “Miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”,… “la actual tasa de impunidad en relación con presuntas ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad llega hasta el 98,5%”. Señaló además su preocupación, pues “la inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de los derechos humanos fueron desmovilizados sin investigarles y muchos se beneficiaron de amnistías. Hoy, el fracaso del proceso de rendición de cuentas es claro ante el dramático aumento de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales compuestos en su mayoría por antiguos paramilitares”. Estos juicios podrían penarle aún a Uribe. Dada la naturaleza imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad, el ex Presidente peruano Alberto Fujimori, que purga una sentencia tras las rejas, ha sentado un precedente.