Asegurar la calidad de la educación

La educación suele ser mencionada como pilar para el desarrollo de las sociedades y la superación de la pobreza y la desigualdad en todos los discursos políticos y académicos de nuestro país. Para mejorarla, se está discutiendo una ley basada en un cuerpo de ideas creado precisamente para mejorar y asegurar la calidad de cualquier proceso productivo.

Lo lamentable es que nos hemos habituado a copiar modelos a medias, pasándolos por el cedazo de la ideología dominante, excluyendo de ellos toda exigencia a los sostenedores de la misma.

En este caso, se centra la preocupación en el control y la evaluación de los profesores, que actúan sólo en la fase final del proceso, sin asegurar la infraestructura y los recursos necesarios para el mismo y sin abrir espacios para discutir la política y las responsabilidades concurrentes de cada actor. Tampoco se discute con el cuerpo social el sentido y la visión del sistema educativo que necesitamos. La calidad, entonces, es entendida como fin y no como medio para el mejoramiento de la educación y el desarrollo de nuestra sociedad.

Como es sabido, la gestión de calidad se basa en hacer las cosas bien a la primera; realizando nuestro trabajo sin errores y a tiempo; dando a la siguiente persona en el proceso lo que requiere para realizar su parte del trabajo y, por sobre todo, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes del proceso, tanto internos como externos.

En este caso, los clientes o destinatarios del sistema educacional corresponden a los directivos, docentes, codocentes, padres, apoderados, alumnos y a la sociedad en su conjunto, que son los miembros del sistema y aquéllos a quienes deseamos servir. Hablar de calidad entonces, sin las consideraciones anteriores, representa un ejercicio meramente retórico.

Se afirma buscar calidad en la educación, pero sin la participación de los actores, lo que demuestra nula preocupación por los destinatarios internos y finales del proceso. Tampoco por las condiciones en que se desarrolla, ni que los recursos necesarios no estén disponibles o sean claramente insuficientes. Como si fuera poco, se plantea que primero debe llegar la calidad, para ser premiada luego con los recursos necesarios para lograrla.

Seguimos sin entender que tener a los profesores entre los profesionales peor pagados, con la presión de ser los únicos responsables de los resultados, es un mal camino para tratar de alcanzar la tan mentada calidad, sino el peor.

La ley debe ser transformada radicalmente, incorporando mecanismos y procedimientos para la participación de todos los miembros en las definiciones del sistema, ya que son la esencia del mismo y sólo su total implicación posibilitará que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la sociedad y de los destinatarios finales, generando identidad e identificación con el sistema en su conjunto y con sus objetivos.

Resulta obvio que para asegurar la calidad de la educación deben asegurarse, de manera previa, las condiciones para desarrollar el proceso. Estos requisitos no deben estar condicionados a resultados, pues si las condiciones, como infraestructura, recursos, respeto y salarios dignos, son un premio por la calidad y no una condición para ella, jamás lograremos mejorar la educación.

(*) Arquitecto, sociólogo y candidato a magíster en Urbanismo de la Universidad de Chile. Integrante del Programa de Políticas Pública de la Academia de Humanismo Cristiano.