Demolición de la casa patrimonial de la CUT

En la acera sur, con el número 1346 de la Alameda Bernardo O’Higgins, entre las calles Nataniel Cox y Lord Cochrane, enfrentando el área verde central de la avenida más importante del país, se encuentra una magnífica vivienda de valor arquitectónico construida en 1913, inmueble que fue vendido por su propietario en 1971 al gobierno de Salvador Allende para instalar allí un museo pedagógico, y por ello quien tenía su tuición era el Ministerio de Educación.

En la actualidad su dueño es la CUT, por donación hecha por el gobierno de Ricardo Lagos, y con el justificativo de los presuntos daños ocasionados por el movimiento sísmico del 27 de febrero, hemos sabido que sus más altos dirigentes están en conversaciones con diversas inmobiliarias para que, demoliéndola, se pueda construir una torre de oficinas. Quienes se desenvuelven en este tipo de negocios han informado que el sitio tendría un avalúo comercial del orden de los 900 millones de pesos, suma más que suficiente para que los sindicalistas saquen cálculos alegres, rogando a sus ángeles custodios que la casona tenga efectivamente daños estructurales de consideración, con lo cual sería casi imposible su recuperación y, por lo tanto, no quedaría más que venderla al mejor postor.

Pero en la escritura respectiva se estableció que en el transcurso de los primeros cinco años después de la transferencia, la propiedad no se podía enajenar, plazo ineludible que vence en noviembre. Es decir, en cinco meses más se podría producir la transacción comercial que daría origen a una nueva torre en el centro de la ciudad capital, engrosando las arcas de la tesorería de la principal central laboral del país.

Ahora bien, conscientes de que el Barrio Cívico no contaba con una debida protección patrimonial, aunque algunas edificaciones como el Palacio de La Moneda, la Intendencia Metropolitana, el Banco Central, el Ministerio de Justicia, el ex Hotel Carrera -hoy Cancillería-, estaban declarados monumentos históricos por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), a fines de 2003 tuvimos la buena idea, con el arquitecto Héctor Arroyo, de proponerle a la institucionalidad que el sector conocido como “Barrio Cívico-Eje Bulnes-Parque Almagro” fuera declarado “Zona Típica o Pintoresca” acorde con la Ley 17.288 de 1970. El 22 de enero de 2004, Susana Simonetti, secretaria ejecutiva (S) del CMN, nos contestó que, analizada nuestra petición, se le consideraba positiva y digna de análisis.

La Dirección de Obras de la Municipalidad de Santiago, a través de su titular Miguel Saavedra y del propio alcalde Joaquín Lavín, apoyaron entusiasmados la propuesta ciudadana y así fue como el equipo de arquitectos municipales, dirigidos por Gustavo Carrasco, hicieron un excelente y largo trabajo de investigación y catastro que dio sus frutos. El 5 de febrero de 2008 se publicó en el Diario Oficial el Decreto 462 firmado por la ministra de Educación, Yasna Provoste, mediante el cual se protegió todo el espacio urbano reseñado -30 hectáreas-,

incluyendo naturalmente la Basílica de los Sacramentinos, construida en 1920, iglesia que ya era Monumento Histórico.

Cuando iniciamos los trámites administrativos ante el CMN y la municipalidad, también le solicitamos a José Ramón Ugarte, presidente en aquella época del Colegio de Arquitectos, que su asociación gremial por escrito se pronunciara favorablemente, documento que sumaríamos a los antecedentes requeridos: tal persona nunca contestó, aunque el representante de esa orden profesional en el CMN apoyó la solicitud.

Con la documentación que nos facilitó oportuna y transparentemente la Dirección de Arquitectura del MOP, supimos que con anterioridad a la declaratoria en comento, es decir, previo a febrero de 2008, ya existían en el Plan Regulador Comunal de Santiago la “Zona de Conservación Histórica” denominada A3 y el “Sector Especial” llamado B5, áreas que en forma parcial se sobreponían con el sector definido finalmente como “Zona Típica o Pintoresca”. En principio, ambas extensiones territoriales se iban a mantener o asimilar a la nueva zona protegida, pero primó otro criterio, posiblemente más “desarrollista”.

¿Por qué hacemos hincapié en lo anterior?

Por la sencilla razón de que la casona que pertenece a la CUT formaba parte de la “Zona de Conservación Histórica” A3, la que, como dijimos, ha sido eliminada hace dos años por la Municipalidad de Santiago y curiosamente el trazo que delimita el poniente de la “Zona Típica o Pintoresca” se movió artificialmente unos cuantos metros para que tal inmueble quedara fuera de la protección patrimonial, con lo cual legalmente es factible demolerla para dar paso al negocio inmobiliario.

Pero como a pesar de nuestro agnosticismo creemos en los milagros, podría ser posible que esa municipalidad aplique a la brevedad la medida que impide el ingreso de solicitudes de permisos de anteproyectos de edificación en su Dirección de Obras para esta casona y en paralelo le formule al CMN la solicitud de declaratoria de Monumento Histórico para la misma. Éstos son trámites expeditos cuando hay verdadero interés en hacer bien las cosas, y si se procede en consecuencia, estamos seguros de que ese patrimonio arquitectónico de la ciudad se salvará de la destructiva picota.

Si fuese así y para preservarla en forma, esperaríamos que, con fondos públicos, se reparen pronto las grietas y fisuras de tan admirable mansión que ocupa la CUT.

Foto: Mónica Bessolo.